Estos días se habla
mucho de que la Audiencia Nacional ha anulado la que,
históricamente, fue la mayor multa a una operadora de
telefonía en nuestro país. La impuso el Tribunal
de Defensa de la Competencia y la compañía
sancionada fue Telefónica, por su campaña «Los
planes Claros», en 2004, como consecuencia de una denuncia
presentada, en 2002, por la asociación de operadoras
alternativas Astel.
En aquellos tiempos se liberalizaba la
telefonía fija y la lucha era por obtener clientes con
preselección, que las llamadas de voz fuesen por otra compañía
sin tener que marcar ningún prefijo antes. Luego el escenario,
cuando el ADSL y los servicios empaquetados en ella se
extendieron, fue cambiando, y Telefónica continuó,
periódicamente, recibiendo multas. Pero no nos interesan estas
sanciones más que indirectamente, para hacernos una idea
general de este aspecto nos basta saber que, hasta ahora, la
principal operadora española ha tenido que pagar solo un 9
% del total. Centremosnos de las multas generadas en el negocio
de los accesos a Internet y olvidemos las originadas por las
llamadas de voz.
Las sanciones impuestas por la CMT
a Telefónica han sido el medio de propaganda, y de paso para
dar imagen victimista de buena voluntad hacia el cliente, por alguna
empresa del sector, y la estrategia de «nosotros queremos que tu
hasta 20 vaya a 30 por lo menos pero Telefónica nos sabotea»
ha tenido más o menos éxito, según la madurez y
conocimientos del sujeto paciente al que se le ofrece este argumento.
En contra de esta propaganda Telefónica siempre ha
seguido la política de hablar poco y hacer mucho. El resultado
para sus arcas es similar al caso de las sanciones del TDC, hasta
ahora las instancias superiores de justicia han confirmado 2.7
millones de euros y han anulado 3.5. De las pendientes,
siete, una de ellas ya ha sido rebajada por la Audiencia y se
encuentra en el Supremo.
O en este país sale
barato saltarse a la torera las reglas del juego, cosa que dudamos
dado que estamos hablando no de decisiones de juzgados de barrio,
sino de resoluciones de los más altos organismos de justicia
del estado, o hay quien multa por multar, buscando solo la
repercusión mediática y propagandística
del hecho.