Dos posturas enfrentadas, la de la SGAE
y la de un empresario de hostelería, dos años de
juicios y una sentencia contra esa asociación de autores, que
deberá abonar las costas del proceso.
Este es el resumen de la aventura
de Ricardo Alameda desde que la SGAE se cruzó en
su vida. Propietario de un local en Tomelloso, Ciudad Real,
Ricardo colecciona y «pincha», en su bar, música que ya
no se puede adquirir en los circuitos comerciales, discos de
vinilo que han sido descatalogados, hace tiempo, por las discográficas.
Hasta aquí bien, los problemas
empezaron cuando un detective de la SGAE entró en el
local, escuchó, e identificó como música lo que
sonaba allí dentro. Este lumbreras catalogó la música
que en ese momento sonaba como «de actualidad», y así lo
hizo constar en su informe. Como es natural, esto fue suficiente para
que la SGAE reclamara 2.391,08 € al propietario de la
sala, por «actos de comunicación pública» sin
su autorización.
Ricardo presentó, ante el juez,
una lista de los 400 discos de los que dispone para usar en su
local, con objeto de que la SGAE especificara sobre cuantos de
ellos tiene derechos. Suponemos que esto fue tomado por la
altruista asociación como una falta de respeto, ya que se
negó, de plano, a contestar, afirmando rotundamente que
«Si existe un aparato reproductor de música o televisión
en el establecimiento y se prueba que se utiliza estando abierto al
público”, hay que pagar, sea lo que sea lo que se
emita a través de ellos.
El juez ha determinado que, si bien no
se puede pedir a la SGAE que demuestre que «todas y cada
una de las obras musicales utilizadas en establecimientos abiertos al
público están dentro de su repertorio», si se le
pude pedir alguna prueba, que entre 400 discos presentados, bien
podía haber nombrado uno por lo menos, y que si no lo
ha hecho, porque no ha podido o no ha querido, será que no
tiene derechos sobre ninguno de ellos. El argumento de que hay que
pagarles, tengan derechos o no sobre lo emitido, no ha colado en esta
ocasión, y la SGAE deberá abonar las costas
judiciales. Naturalmente no se van a conformar con esto, y volverán
a pedir los 2.391,08 €, apelando la sentencia ante
la Audiencia Provincial.