José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte ha tenido una reunión esta semana con las entidades que gestionan los derechos de autor (la SGAE, AGEDI, AIE, AISG, CEDRO, DAMA, EGEDA y VEGAP) para explicarles que el nuevo canon digital es una medida temporal hasta que la Comisión Europea tome una decisión sobre el modelo común de compensación por copia privada en Europa.
El nuevo canon consiste en que los dispositivos electrónicos no soportarán cargas para el comprador, y lo que no se cobra por esas copias privadas, se remunerará “a ejercicio vencido” a través de una partida que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado.
Las entidades de gestión reclaman que ingresan menos beneficios mientras que el Gobierno impulsa una reforma normativa que refuerce la defensa de los derechos de autor y mejore la eficacia de la Comisión Sinde, por lo que no parece un hecho casual que el embajador de España en EEUU, Alan D. Solomont, haya declarado que no hemos podido “ponerle coto a la piratería”.
Suprimir el canon digital fue uno de los primeros actos aprobados por el presente gobierno de España, mediante el que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual recaudaban impuestos a través de los aparatos electrónicos que compraban los habitantes de nuestro país.