La semana pasada la CNMC comunicó su decisión final sobre la regulación de la banda ancha en España, determinando que excepto en 66 ciudades (las más ricas, por así decirlo), Telefónica deberá poner a disposición de Vodafone, Orange y otros competidores que así lo deseen, su propia red de fibra óptica. Es decir, en un 65% del territorio nacional.
¿Por qué esto puede ser un grave problema? Porque si las inversiones de Telefónica en aquellos territorios de baja población o rentabilidad no suele ser muy elevada, a partir de este momento podrían ser mínimas, dando como resultado una España a dos velocidades.
Telefónica anunció que no se detendrá en su expansión, pero sí es verdad que su inversión en fibra óptica se reducirá un 20% este 2016 y el saber que deberá realizar grandes inversiones para despliegues en otras zonas, para que luego se vea obligada a abrir su red para que su competencia directa haga uso de ellas, les frenará casi indudablemente.
La intención de Telefónica era alcanzar el 97% de la población de España con su red de fibra para el año 2020, pero esa intención, de momento, parece quedar en Stand by, lo que podría generar una gran brecha digital entre las ciudades y aquellas poblaciones menores de 1.000 habitantes que representan un gran espectro del país.
¿Qué sucederá en los próximos años? ¿Telefónica optará por evitar la brecha digital pese a las posibles pérdidas que esta decisión le hará tener?