El pasado 6 de agosto del 2017, el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) mexicano subastó exitosamente 120 MHz de espectro en la banda de los 2,5 GHz, divididos en 80 MHz para servicios FDD (utilizados primordialmente para ofrecer servicios móviles) y 40 MHz para servicios TDD (utilizados primordialmente para ofrecer servicios fijos).
Los resultados de esta subasta ubican a México superando los 580 MHz en espectro asignado a los operadores, situándose como el segundo país en este particular, sólo superado por Brasil. Sin embargo, México se posiciona con mayor cantidad de espectro asignado limpiamente y listo para beneficiar a los consumidores, debido a los retrasos en la limpieza de las frecuencias del espectro radioeléctrico de los 700 MHz que se han dado en el país sudamericano.
“Ver que México ha pasado de estar en la 15º posición, con apenas 243 MHz en asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles, a ocupar el segundo lugar con 584,3 MHz es una buena noticia para todos los actores del sector, y un paso positivo en el camino hacia acercarse lo más posible a la recomendación de 1960 MHz asignados para el 2020 según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”, comentó José F. Otero, Director para América y el Caribe de 5G Americas.
“Aunque estamos contentos por los grandes avances logrados por México, nos preocupa el hecho de que el costo total que recaudará el estado por 120 MHz por 20 años de la licencia supera a valor presente los US$ 1.120 millones (0.083 MHz/POP). A valor corriente, la recaudación será de US$ 2.440 millones por 20 años, cifra mayor a la de la mayoría de asignaciones de esta banda en procesos efectuados en Europa y América Latina, según datos de la consultora regiomontana Telconomia. Las telecomunicaciones tienen que comenzar a verse como una herramienta para el desarrollo, y a través del diálogo entre todos los actores debe buscarse la forma de potenciar su impacto en la economía. Verlas desde una perspectiva puramente recaudatoria puede, a largo plazo, ser contraproducente”, indicó Otero.
La administración de los activos del Estado para maximizar el beneficio de los ciudadanos es una de las principales responsabilidades de los funcionarios públicos. En el sector de telecomunicaciones, esto se traduce en la implementación de políticas públicas que fomenten la expansión en cobertura poblacional de las distintas redes de telecomunicaciones y la aprobación de medidas que aceleren la innovación tecnológica en el país, afirman desde 5G Americas.